Infojus: Caso Píparo: la fiscalía pidió perpetua para 5 imputados

Comenzaron los alegatos de la fiscalía en el juicio a siete hombres acusados de haber baleado a Carolina Píparo, embarazada, en una salidera en el Banco Río, en 2010. El hijo de la mujer murió a los pocos días.

“Este es un juicio bisagra en la historia judicial platense”, dijo el fiscal Marcelo Romero, en la apertura de sus alegatos por la salidera a Carolina Píparo. Minutos después, Romero pidió la pena de reclusión perpetua para cinco de los siete imputados.

Antes de embarcarse en un alegato que duró tres horas y estuvo plagado de referencias políticas, le pidió perdón al acusado Carlos Burgos y le retiró la imputación por robo, homicidio y tentativa de homicidio contra Carolina y su hijo.

Carlos Burgos, un joven de 18 años, con su padre preso por una salidera, antecedentes de adicción y robos menores, había sido señalado por el fiscal como el autor del disparo. La madre de Carolina, María Ema Cometta, lo señaló en el álbum fotográfico de la seccional, un cuaderno de sospechosos que está prohibido por una medida cautelar en todo el territorio provincial. Allí estaba Burgos: había sido fotografiado siendo menor, y cuando la mujer lo sindicó como el tirador, sin aviso al fiscal, ni al juez, sin un defensor oficial ni las llamadas telefónicas de rigor lo llevaron a declarar en sede policial. El juez de garantías César Melazo convalidó la actuación de los uniformados y la utilizó como prueba para procesarlo.

En la investigación penal preparatoria, el fiscal sopesó las piezas incriminatorias: dos apuntamientos en rueda de reconocimiento, la prueba de dermotest positiva, un arma hallada en su casa y algunas contradicciones en su indagatoria, pero descartó las exculpatorias. La madre de Píparo no lo reconoció en rueda de reconocimiento, dos imputados – Luciano López y Juan Manuel Calvimonte en una escucha telefónica– dijeron que es inocente, y Carolina describió a su atacante como de tez “blanca”, cuando Burgos es visiblemente morocho.

En el debate oral, Carolina Píparo corrió a Burgos de la acusación y durante las audiencias reconoció a Moreno: “Tenía los pómulos pronunciados y cuando hablaba los labios se le desdibujaban, se le ponían finitos”, había dicho. Cuando lo escuchó hablar, durante un cuarto intermedio, estuvo segura. La voz era la misma que le había dicho: “¡Dame la guita! ¡Hija de puta!” y recordó el momento en que la golpeó, la arrastró de los pelos y la baleó.

En la investigación, Romero despreció indicios que vinculaban a algunos miembros de la banda con la policía bonaerense. Luciano López, el conductor de la moto, había sido llevado a un hotel de Constitución por Jordán Juárez, el jefe de la banda. Dijo haber negociado su entrega con Roqui, un primo de su abuelo que integra la Brigada de La Plata, y Pablo Cuomo, un abogado que preside el PRO de Ensenada. El entregador, Miguel Ángel “Pimienta” Silva, introdujo expresamente la pista concreta de la conexión policial. En su testimonio de la instrucción, dijo que Carlos Jordan Juarez tenía una relación con la policía, puntualmente en la Matanza y San Isidro. Precisó que el trato era amistoso: “hablaban de coches, de negocios”. Además agregó que le había pedido 20.000 pesos para arreglarle la causa.

Durante el alegato de Romero, Moreno escuchaba, se apoyaba en las rodillas y no dejaba de mirar el piso. Además de Moreno, Romero pidió reclusión perpetua para López -el que manejaba la moto- , Miguel “Pimienta Silva”, el acusado de “marcar” a Píparo dentro del banco, Juan Manuel Calvimonte y Carlos Jordán Juárez, jefe de la banda y el único que durante la audiencia desafiaba con la mirada al fiscal.

El séptimo imputado es Augusto Claramonte, hoy en libertad. A él y a Burgos, Romero les endilgó asociación ilícita: un delito por el que les pidió 15 años de prisión.

Al llegar al final, Romero arremetió: “No soy de la camada de abogados progres. En mi despacho tengo un par de cuadros de próceres, ninguno de Zaffaroni, un crucifijo, y no reparto estampitas de Foucault”, dijo, criticando a quienes llamó “abolicionistas”, que encuentran –dijo– la causa de hechos aberrantes en la exclusión social. “Eso me revela”, se despachó. “Mis abuelos eran inmigrantes semianalfabetos, pobres de toda pobreza, y no eligieron el mal”.

El lunes el Tribunal Oral Criminal II escuchará el alegato de Fernando Burlando, el abogado de Carolina Píparo. Esta mañana Burlando dijo: “esperamos una pena ejemplar, en algún momento pedimos la pena de muerte (para los imputados) y de eso se trata, que mueran en la cárcel”. 

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