Infojus: Archivos secretos: cómo se armaban las listas negras de la dictadura

Entre los documentos encontrados recientemente, apareció una lista que según la dictadura debía perdurar hasta después de 1983. En la última audiencia del juicio por La Perla, el fiscal pidió la incorporación de la documentación que se está digitalizando en el Ministerio de Defensa.

Las actas halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor empiezan a impactar en las causas judiciales que se llevan adelante. En la última audiencia del juicio oral por los crímenes ocurridos en La Perla, el fiscal federal Facundo Trotta pidió de manera formal la incorporación de la documentación que se está digitalizando en el Ministerio de Defensa. “Más allá del objeto procesal que me interesa, que es la información que tiene vinculación con La Perla, los documentos hallados tienen un valor global fundamental para entender la lógica de actuación de la dictadura militar”, dijo el fiscal a Infojus Noticias. “Nuestros juicios cuentan con bastante documentación que producía la dictadura, como las actas de la comunidad informativa. Esta documentación es fundamental para sustentar lo que vienen sosteniendo los testigos con sus relatos”, agregó el funcionario judicial. Y ofreció un ejemplo del valor jurídico del corpus documental: “Si ya se habla de desaparecidos en el ’76, por más que no se refieran específicamente a personas abordadas en el juicio que intervengo, hay muchos secuestrados de La Perla en esa condición. Tienen un valor general”, concluyó.

Hasta el hallazgo de los documentos que se dieron a conocer el lunes, las listas negras de la dictadura nunca antes habían tenido un sustento documental. “A fines de los ’90, cuando se vendió el Banco Nacional de Desarrollo (Banade), en la bóveda del edificio que quedaba enfrente de Plaza de Mayo, aparecieron biblioratos de la Operación Claridad, contó Estela Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa a Infojus Noticias. Se trata de un operativo del ministerio de Educación que prohibió libros y obras de teatro, y censuró a sus autores. “Seguramente era un aporte del Ministerio a estas listas mucho más generales”, detalló Segado. La primera lista de la que existe registro fue confeccionada antes de ese operativo Claridad: el 18 de junio de 1976.

Las cuatro categorías

Desde el primer día, la Junta Militar dispuso una comitiva para analizar la aptitud ideológica de centenares de personalidades públicas. Para eso fue creado el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI), un organismo que tenía el deber de coordinar reuniones semanales donde confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y representantes de cada una de las tres armas.

El ECI no era un organismo permanente: se conformaba para cada ocasión. “Aún no hemos encontrado responsables directos. Los ECI se conformaban para cada tarea. Para mí es un término nuevo, a pesar de los años que llevo investigando el funcionamiento administrativo de la dictadura. Creo que estaban en el ámbito de la Junta Militar, y generalmente quedaban bajo la órbita de los secretarios generales de cada fuerza”, concluyó la Directora de Derechos Humanos de la Cartera.

Si bien fueron encontrados muchos más de tres listados –el primero el 18 de junio del 76- el ministerio de Defensa destacó tres paradigmáticos: uno fechado el 6 de abril de 1979, el segundo el 31 de enero de 1980, y el tercero el 21 de septiembre de 1982.

En esos listados el ECI definió cuatro “fórmulas” para calificar a las personas que entraban o salían de las listas:

Fórmula 1: la integraban quienes no tenían “antecedentes ideológicos marxistas”.

Fórmula 2: La escala de peligrosidad era mayor para quienes sus antecedentes “no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista”.

Fórmula 3: registraban “algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvables para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc..

Fórmula 4: “antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública. No se le proporcione colaboración”, ordenaban a esta cuarta categoría, la más “peligrosa”.

En este contexto la definición del “marxismo” respondía a la propaganda de la dictadura: sin rigor teórico, era un criterio amplio que buscaba la legitimación de los horrores que se cometían. “Eran todos marxistas prácticamente. Montoneros era marxista. Y eso era utilizado deliberadamente: decirle a este pueblo que alguien era marxista no era lo mismo que decirles que eran peronistas”, explica Segado.

La primera lista, doce páginas mecanografiadas, incluyen 285 nombres de “Fórmula 4” de todos los oficios posibles: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes. Hasta titiriteros, médicos pediatras y psicólogos. Entre los hombres peligrosos para los ojos del régimen, había artistas reconocidos como Pino Solanas, Juan Carlos Gené, Rogelio García Lupo, Jacobo Timerman, Marilina Ross, José Octavio Getino y Leonardo Favio, entre muchísimos otros.

La segunda aumentaba los ranqueados F4 a 331 nombres, con algunas recomendaciones sobre ellos: no debían ser difundidos y, en última instancia, debían “ser incinerados”. Las reuniones semanales del ECI aumentaban o filtraban esa lista: como insumos, las mentes militares utilizaban informes de la SIDE. Pero también se discutían casos individuales acercados por los representantes de las Fuerzas, o a pedido de los mismos interesados. Norma Aleandro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer y Jorge Luis Bernetti figuraban en esta.

La última lista

El último listado, fechado el 21 de septiembre de 1982, tuvo un carácter distinto: luego de la Guerra de Malvinas, y el deterioro de la imagen pública de la dictadura, una nota de la Secretaría de Información Pública destaca la directiva del gobierno de “marcar una transición hacia la vida institucional plena del país”. Por ello, propone “evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación”. El 14 de octubre de 1982, el tema fue tratado en el seno de la Junta. El acta N° 236 –que integra el corpus hallado- refleja que los dictadores deciden “proceder en forma gradual a desafectar personas (del listado de Fórmula 4) siguiendo el criterio propuesto para la variante 2 de la SIP”.

Esa gradualidad se tradujo en la conformación de cuatro sub grupos dentro del universo de 199 personas que aún continuaban inhibidas dentro del listado de “Fórmula 4”. La reincorporación iba a ser escalonada: 41 de ellas debían pasar a “contratables” a fines de 1982; otras 60 personas debían dejar de estar en el listado en el primer semestre de 1983; y otras 52 en el segundo semestre de ese año. “Finalmente, la SIP recomendaba (y la Junta Militar así lo decidió) que 46 argentinos, bajo ningún punto de vista, salieran del listado de “Fórmula 4”. Nunca dejaría que “un grupo de argentinos puedan ser contratados para trabajar”, explica el comunicado del Ministerio de Defensa. Entre ellos, estaban los actores Norman Briski y Nacha Guevara, el cineasta Justo Octavio Getino, el músico Miguel Ángel Estrella –que había estado secuestrado en la Esma- y el poeta popular Armando Tejada Gómez.

Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias: