Infojus: Macri usó plata que estaba destinada a villas para desfiles y festivales

El gobierno porteño les quitó cinco millones que estaban destinados a las villas de la ciudad. Tres millones fueron al evento “Buenos Aires Ciudad de Moda” y al Festival Internacional de Diseño de Servicios Especializados, Comerciales y Financieros. También recortó el presupuesto para hospitales y programas sociales, y los usó para publicidad oficial.

Las villas suelen ser noticia cuando un operativo captura a los sospechosos de un robo violento, un secuestro o un asesinato desatado en el lado “decente” de la ciudad. También sale en los diarios cuando hay tomas de terrenos, piquetes, cortes de calles y avenidas. El sábado pasado murió en el barrio Zavaleta Kevin Molina, un niño de 9 años, en medio de un tiroteo entre transas. Durante varios días la información sólo circuló por las redes sociales. Pero casi nunca es noticia las condiciones en las que viven sus habitantes: basura que se acumula en sus pasillos y esquinas, falta de escuelas, farmacias y hospitales, instalaciones eléctricas precarias que los expone permanentemente en peligro, contaminación en aire y el agua.

Un informe de La Fábrica Porteña, un equipo que dirige el ministro Carlos Tomada, basado en datos del Boletín Oficial de la ciudad, resaltó el drenaje que en los últimos presupuestos del gobierno de la ciudad han tenido estas áreas sensibles.

Los enroques muestran un importante sesgo ideológico en las prioridades de gestión: un recorte de 40 millones a 28 hospitales y a programas sociales pasaron al casillero de la publicidad. Otra partida de dinero pensado para invertir en las villas fue para remodelar la entrada del zoológico de Palermo. Pero hay más. Una reasignación de fondos –resolución 624- les quitó otros cinco millones a las villas. Tres millones de ese total fueron a desarrollar eventos como “Buenos Aires Ciudad de Moda” o el Festival Internacional de Diseño de Servicios Especializados, Comerciales y Financieros.

Todas estas falencias han sido judicializadas por vecinos de los barrios de emergencia. Han presentado denuncias, patrocinados por organizaciones jurídico-sociales - la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colectivo por la Igualdad-, o por el defensor tutelar porteño, Gustavo Moreno. Muchas de ellas, han tenido fallos judiciales en contra: la justicia obliga al ejecutivo porteño a garantizar servicios esenciales, o mantenerlos, en los casos en que la intención del macrismo había sido suspenderlos. Pero muchos de ellos no han sido acatados. Hace un tiempo, Infojus Noticias reveló 31 sentencias judiciales incumplidas, la mayoría relacionadas a las condiciones de vida en las villas.

En dos Centros de Salud y Acción Comunitaria de la villa 21-24, por ejemplo, una causa judicial lo intima por la falta de infraestructura adecuada y los recursos humanos necesarios para garantizar la atención a los pacientes.

Una de las situaciones más urgentes en la villa 21-24 son las condiciones del cableado eléctrico. Postes caídos, cables pelados, conexiones sin bajadas a tierra ni disyuntores, cables cerca de rejas de metal. La empresa que provee la energía la lleva hasta la entrada de la villa y es el Gobierno porteño el que establece una red provisoria de distribución, y es su responsabilidad que sea seguro. La ACIJ presentó una denuncia apoyada por un informe técnico del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En septiembre de 2012 la justicia ordenó al gobierno porteño a adoptar todas las acciones urgentes y necesarias para eliminar el peligro. Pero no se ha hecho casi nada, a pesar de que existe una medida cautelar al respecto.

Otro gran problema desatendido es el de la vivienda. Un fallo exige al Gobierno porteño la provisión de luz, gas y agua potable en el complejo habitacional Luis Piedrabuena, Villa Lugano, y en el complejo habitacional Soldati. En el complejo habitacional Zavaleta, donde este fin de semana mataron a Kevin Molina, la justicia había instado al macrismo que se cumpla con el “Programa de radicación, integración y transformación de villas y núcleos habitacionales”. En un tramo, le ordenó que “cese en su arbitraria y lesiva omisión de hacer efectivos los derechos fundamentales a un hábitat adecuado y a la vivienda digna”. En la villa 31 y 31 bis hay otras dos denuncias: por emergencia habitacional y por falta de soluciones mientras transcurren las obras de urbanización.

Entre las cuentas pendientes en villas también se cuenta la educación. En la villa 31 y 31 bis no hay escuelas. Los chicos transitan senderos embarrados los días de lluvia para llegar a las paradas de los colectivos, fuera del predio. En 2010, la justicia intimó al Gobierno de la ciudad a brindar transporte escolar para los niños y las niñas de la villa. Tres años después de la orden, muchos alumnos siguen sin un transporte que los lleve a la escuela.

Por último, se perpetúan las deficiencias en materia medioambiental. Una de las más graves es la de la recolección de residuos en la villa 20. Esta causa tiene una sentencia firme: la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad que ponga allí en funcionamiento un sistema de recolección “como máximo cada 24 horas”. El Poder Ejecutivo la ignoró. Bercovich recuerda que “hubo una medida cautelar que ordenaba al GCBA algo tan sencillo como poner contenedores de basura en todas las esquinas de la villa. Así los habitantes no tendrían que tirarla en los piletones. Nunca la cumplieron. Ahora hay sentencia firme, y tampoco la cumplen”.

Otras causas son por falta de construcción de plazas y parques y por un depósito de autos abandonados en la villa 20. En 2008, fue el conocido fallo “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el gobierno porteño liberara el Camino de Sirga y relocalizara 1334 familias. Pero las pocas que han sido trasladadas están lejos de su vida pasada, en un predio que está en Castañares y General Paz, en la Comuna 8.

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