Infojus: “Los responsables de los genocidios no aprietan el gatillo”

El jurista marroquí Mohamed Ayat integró los Tribunales Penales Internacionales que juzgaron a los responsables del genocidio en Ruanda. Ese proceso sentó un precedente en todo el mundo porque consideró los delitos sexuales como genocidio. Esa sentencia se tuvo en cuenta en Argentina para tratar las violaciones en los centros clandestinos como crímenes en sí mismos, diferenciados de la tortura.

“Los responsables de los genocidios no aprietan el gatillo, no se ensucian las manos. Son ellos los primeros que tienen que ser perseguidos por la Justicia”, explicó a Infojus Noticias el jurista marroquí Mohamed Ayat. El especialista, que formó parte de los Tribunales Penales Internacionales (TPI) que juzgaron a los responsables del genocidio en Ruanda y la guerra civil en Sierra Leona, habló de la necesidad de avanzar sobre los ideólogos políticos y económicos. “La responsabilidad entre el poder político y el poder económico está muy ligada. El que financia es cómplice”, sostuvo.

Ayat es asesor especial de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en Cooperación con el Norte de África y Oriente Medio. En el marco del Seminario Internacional sobre Genocidio y Crímenes de Guerra en África, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el especialista se refirió al aporte de los tribunales africanos a la justicia internacional. Entre ellos se refirió al caso Akayesu, que sentó un precedente en la justicia penal internacional al considerar los delitos sexuales como genocidio.

—¿Cuál es la importancia de los tribunales penales internacionales?

—Sirven para combatir la impunidad de ciertos crímenes graves que chocan la conciencia de los seres humanos. Como seres humanos tenemos ciertos derechos, reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por todas las convenciones y pactos internacionales. Estos tratados nos permiten vivir dignamente. Con la evolución de las sociedades no podemos aceptar estos crímenes. Me parece evidente que se haga Justicia.

—¿Cuáles son los obstáculos a la hora de juzgar a los responsables de un genocidio?

El primer obstáculo es la voluntad política. Asimismo, hay obstáculos prácticos, porque son crímenes muy complejos, crímenes de masa. La prueba no es fácil de recolectar, los responsables de los crímenes tratan de esconder las huellas, en general son personalidades de status importante. Los responsables no aprietan el gatillo, no se ensucian las manos. Son ellos los primeros que tienen que ser perseguidos por la Justicia. Los tribunales internacionales tienen que enjuiciar a los responsables más importantes, los que ordenan los crímenes, los que empujan a la gente a convertirse en genocida. En el caso de Ruanda había una élite que utilizó el miedo entre las personas, usó la radio, los periódicos y los medios modernos para generar violencia.

—Además de los responsables políticos, en muchos casos también hay responsables económicos

La responsabilidad entre el poder político y el poder económico está muy ligada. Tenemos que apuntar no solo a los responsables políticos sino los responsables en general. El derecho penal se interesa en los hechos, en ver quién empujo al otro a matar. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda trató de juzgar a una persona financió el genocidio, que dio armas y que es cómplice de los crímenes y tiene que ser juzgado como los demás. El que financia es cómplice. Esta persona está prófuga, podría haber muerto, no se sabe.

 

Los testimonios

El asesinato del presidente Juvénal Habyarimana, que gobernó Ruanda desde 1973 hasta su muerte, en abril de 1994, fue la chispa que despertó la furia de los grupos radicalizados de hutus –el estamento mayoritario de la sociedad ruandesa- a la que pertenecía el mandatario. En menos de cien días masacraron entre 800 mil y un millón de hombres, mujeres y niños de la minoría tutsi y hutus moderados. Unas 600 mil personas se desplazaron a los países vecinos.

A fines de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), del que Ayat fue consejero. El TPIR, con sede en el vecino país de Tanzania, estaba conformado exclusivamente por juristas internacionales. Su tarea fue perseguir y juzgar a los autores y promotores del genocidio ruandés.

Años más tarde, el jurista marroquí formó parte del Tribunal Especial para Sierra Leona que juzgó los crímenes cometidos durante la guerra civil de ese país, que entre 1991 y 1999 dejó 120 mil muertos y 600 mil desplazados. A diferencia del caso de Ruanda, el de Sierra Leona fue un tribunal mixto -compuesto por juristas locales e internacionales- con sede en el propio territorio.

—¿Qué diferencias existieron entre el tribunal de Ruanda y el de Sierra Leona?

En el caso de sierra leona fue una mezcla de un tribunal nacional e internacional. Apoyamos y reforzamos las capacidades de los tribunales locales. Es importante que el tribunal se haya desarrollado en el propio país y no afuera, como en el caso de Ruanda. Así la población puede conocer lo que pasó, saber cómo se juzgó a los criminales. Tiene más impacto, sensibiliza a la sociedad. En todos los casos hay una justicia local que sigue funcionando en paralelo a la justicia internacional. La justicia penal internacional es solo una parte de un proceso más global, se interesa en los responsables más altos.

—¿Cuál es la importancia de los testimonios en este tipo de juicios?

El testimonio es la base. En estas sociedades lo oral es más importante que lo escrito, en algunos aspectos. En el juicio de Núremberg, los alemanes tenían una burocracia importante, escribían todo. Las órdenes eran escritas. En el caso de Ruanda no hay muchos escritos. El testimonio oral es la base de todo, pero es difícil encontrar (estos testimonios), a los testigos. Hay mucho miedo. El testigo tiene que estar presente hasta el final y no tiene que contradecirse con lo que dijo antes.

 

Los delitos sexuales

La condena en 1998 al alcalde de la ciudad ruandesa de Taba,Jean-Paul Akayesu, marcó un antes y un después en el derecho penal internacional al reconocer la violencia sexual como un acto de genocidio. El fallo también sentó un precedente en el derecho penal argentino, que reconoció las violaciones, abusos y vejaciones perpetradas en forma sistemática en centros clandestinos de detención durante la dictadura como delitos de lesa humanidad.

—¿Cuál es la importancia del fallo Akayesu en cuanto al reconocimiento de la violación como parte del genocidio?

Cuando hay conflictos armados los crímenes sexuales suelen acompañar algo más amplio. Son utilizados contra las mujeres, los hombres, la familia y la sociedad. Porque la mujer es un símbolo. Hay una continuidad en estos tipos de crímenes. La prueba es aún más difícil en estos casos, porque en general se cometen a escondidas y a la víctima le cuesta mucho decirlo. Con el tiempo le da vergüenza, a veces se casó y entonces no quiere contar esa historia. El Tribunal Penal Internacional de Ruanda lo trató y sentó jurisprudencia. Los jueces dijeron que cuando la violación está acompañada de una intención de genocidio, es también un genocidio en sí mismo. Es un crimen peor. No es solo una violación: es una tortura, un genocidio.

SO/PW

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