Infojus: Iron Mountain: pedidos de informes y denuncias al Gobierno porteño

La Legislatura porteña aprobó cincos pedidos de informe, tras una respuesta del Gobierno porteño presentada once meses después de que se hiciera el pedido. Familiares de dos víctimas denunciaron a funcionarios porteños por encubrimiento y asociación ilícita.

La mañana del 5 de febrero de 2014 el incendio que consumió el depósito de la firma Iron Mountains en Barracas terminó con la vida de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil. Desde entonces pasó más de un año y mientras que por un lado la justicia estableció, a través de peritajes, la intencionalidad del incendio, otra serie de investigaciones pusieron al descubierto la trama detrás de la firma y sus conexiones políticas.

En la última semana uno de los querellantes en la causa presentó dos denuncias contra funcionarios del gobierno porteño por incumplimiento de los deberes de funcionarios, Legisladores porteños de la Comisión de Desarrollo Económico se pidieron más informes al Ejecutivo de la Ciudad, y se conoció la clausura de otro depósito de la firma.

“Se aprobaron todos los pedidos de informes”, explicó a Infojus Noticias el legislador Gabriel Fuks sobre lo que se trabajó ayer en la legislatura porteña. En el debate, los representantes de los diferentes bloques, incluidos, lo del PRO acordaron el pedido de cincos informes tras el análisis de las más de 500 páginas de un informe presentado por el gobierno porteño en marzo pasado, once meses después de haber sido solicitado por los miembros de la legislatura.

“La legislatura votó en abril un pedido de informes amplios y ese proyecto fue respondido recién en marzo de este año. Tiene 500 páginas y contestan cosas vagas”, detalló Fuks. En el informe consta, entre otras cosas, que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) perdió el expediente de habilitación del depósito de Iron Mountain y que Defensa Civil nunca aprobó los planes de evacuación del lugar, pero que a pesar de esto no se clausuró el lugar.

En la reunión, que se hizo en el salón Jauretche, Fuks hizo un repaso de los pedidos de informes vinculados a las áreas de control -Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Protección Ambiental, Dirección General de Protección del Trabajo y la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor- y también al Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad para que expliquen sobre las exenciones impositivas otorgadas a Iron Mountain. “Estamos pidiendo información precisa para avanzar sobre las eventuales responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en la empresa Iron Mountain y todas las líneas de trabajo que aún aparecen oscuras e imprecisas”, detalló.

También fueron convocados el director de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión y el Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera para que aclaren los datos confusos que fueron apareciendo en el transcurso de la investigación.

El incendio del depósito de Barracas tuvo múltiples repercusiones tanto a nivel legislativo como judicial. Mientras que desde la legislatura intentan determinar las responsabilidades del gobierno de la ciudad en el hecho, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también hicieron presentaciones, acercaron documentación, y recomendaciones sobre el tema. En el incendio se prendieron fuegos los archivos de decenas de empresas, entre ellas el banco HSBC.

La investigación por el incendio recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, a cargo de Marcela Sánchez, que el peritaje realizado por Policía Federal concluyó que el incendio “fue intencional” y que “el fuego comenzó entre los depósitos N°7 y N°8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín”

Otra denuncia presentada

“Presentamos una denuncia y una querella, entre el miércoles y otra el viernes”, describió a Infojus Noticias Miguel Arce Aggeo, abogado querellante de las familias de dos víctimas del incendio. Primero se presentó la denuncia en representación de las hermanas de Pedro Barícola y luego, la querella en representación de la concubina de Luis Méndez. Barícola pertenecía a Defensa Civil y Méndez era bombero. “Las denuncia es por encubrimiento calificado, por ser los encubridores autores en el ejercicio de la función. Y también asociación ilícita porque en las conclusiones de informes de la UIF y la Procelac, dejan en evidencia los acuerdos entre la empresa y sus clientes para destruir la documentación. También hay encubrimiento de esa situación por parte de los funcionarios de la ciudad”, sostuvo Arce Aggeo.

El abogado presentó la denuncia en la Cámara, que la envió a sorteo. El juzgado de Instrucción N° 15 y la fiscalía de Paula Assaro, fueron los designados para intervenir. En la denuncia se detalla que “ya el 8 de noviembre del año 2008 se detectaron irregularidades en lo que hacía al recubrimiento térmico de las columnas y carencia de ventilación reglamentaria”. Arce Aggeo agrega en su presentación que, “como podrá observarse del artículo que se adjunta existen a partir de entonces un cumulo de inspecciones sin resultado tangible, y las faltas detectadas en ellas se relacionan con el trágico resultado acaecido con posterioridad”. “Es la maniobra de encubrimiento de lavado más grande que vi en la argentina. Solamente con HSBC”, sostuvo.

Depósitos clausurados

La agencia Telam consignó que la semana pasada la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la ciudad de Buenos Aires clausuró un depósito de Iron Mountain en el barrio de Parque Patricios por deficiencias estructurales, tal como debió haberlo hecho con el galpón de la misma empresa en Barracas.

Télam señaló que la administración de Mauricio Macri no publicó la disposición de clausura (la número 655 según se lee en las mencionadas fajas) en el Boletín Oficial y tampoco dio cuenta del episodio en la página web del gobierno porteño. Y sostuvieron que, de haberlo hecho, también deberían haber dado de baja los contratos que tiene con Iron Mountain, proveedora de servicios del gobierno porteño, y al mismo tiempo tendría que demandar a la firma por daños y perjuicios, ante la caída de la relación contractual.

En la presentación que harán los dos funcionarios macristas, Gómez Centurión y Cabrera, en la Legislatura se espera que respondan sobre el tema.

CD/LC

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